LOS TRANSGÉNICOS Y AGROQUÍMICOS EN ENTREDICHO
Recientemente he visto un documental muy recomendable, Semillas transgénicas, los pueblos fumigados, realizado por el argentino Cristian Weidmann y el murciano Vicente Cerdán. Este documental nos relata la lucha de una región, las Malvinas Argentinas, en Córdoba, contra la construcción de una planta de procesado de semillas transgénicas, la que iba a ser la más grande de América Latina. Esta zona, rodeada de plantaciones de soja transgénica, sufre altísimas tasas de cáncer y malformaciones en recién nacidos, debido a la utilización masiva, por parte de la multinacional Monsanto, de agroquímicos como el glifosato, principal componente del herbicida denominado Roundup. La lucha de estas familias afectadas por los efectos letales de los herbicidas dio su fruto, al conseguir paralizar la construcción de la planta.
Este episodio, que podría pensarse que es de ámbito local y circunscrito a un país concreto, Argentina, debe hacernos reflexionar sobre el alcance de estas multinacionales, la presencia de los cultivos transgénicos en nuestro país, así como sobre el uso de herbicidas y pesticidas que conllevan efectos perjudiciales para nuestra salud. España es el único país de la UE donde se cultivan transgénicos a una escala importante; el propio Ministerio de Agricultura estima en más de 130.000 las hectáreas dedicadas en nuestro país al cultivo de maíz MON810 (la propia denominación de esta variedad de maíz denota el origen de las semillas, Monsanto), siendo Aragón, Cataluña y Extremadura las tres CCAA donde más se cultiva esta planta, sumando las tres casi la mitad de la producción de maíz trangénico en España. En la Región de Murcia, en 2014 había unas 15 hectáreas destinadas al cultivo de maíz genéticamente modificado. Sin embargo, en países de nuestro entorno como Francia está prohibido su cultivo.
En cuanto al uso del herbicida con glifosato, utilizado para matar las “malas hierbas” en parques y jardines de nuestras ciudades, más de 150 municipios españoles, entre ellos Totana y Santomera, se han declarado libres de este herbicida. El glifosato es uno de los productos fitosanitarios más cancerígenos que existen, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, organismo dependiente de la OMS, pero, a pesar de ello, organizaciones como la Unión de Pequeños Agricultores de la Región de Murcia rechazaron el pasado mes de abril que este herbicida sea eliminado del mercado. En contrapartida, se acaba de presentar a la Comisión Europea una iniciativa ciudadana para que se prohiba el glifosato en la UE. Para ello, serán necesarias un millón de firmas de, al menos, siete países a favor de su propuesta para obligar a Bruselas a reaccionar en un plazo de tres meses tras la entrega de las firmas. La UE prorrogó el uso de este herbicida en Europa hasta el año 2018, ante la falta de consenso sobre su toxicidad.
El uso de semillas transgénicas reduce la biodiversidad y las variedades de plantas tradicionales, afectando a la soberanía alimentaria por obligar al sector agrícola a comprar una y otra vez semillas patentadas, en lugar de obtener sus propias semillas a partir de sus cosechas; desde el punto de vista de la salud, está comprobado que los alimentos transgénicos provocan la aparición de nuevas alergias y, según ciertos estudios, pueden afectar a la fertilidad. Además, estas plantas modificadas genéticamente son cada vez más resistentes a antibióticos y plaguicidas, por lo que se usan en ellos cada vez más cantidad de productos químicos que afectan a la salud. Un efecto colateral del uso de productos fitosanitarios es la desaparición de abejas y otros insectos polinizadores, envenenados por estos productos, lo que supondrá un grave problema para la dispersión del polen de forma natural en un futuro próximo.
Sería deseable que los cultivos de variedades transgénicas desaparecieran de nuestros campos, así como ir eliminando paulatinamente el glifosato y otras sustancias fitosanitarias en cultivos, parques y jardines, declarando la mayor parte del territorio libre de este tipo de productos, por el riesgo para la salud pública que suponen. Las autoridades sanitarias de nuestro país deberían pensar más en la salud de la ciudadanía que en mantener un sistema que sólo favorece a unas pocas multinacionales.