LO QUE PUEDE APRENDER ESPAÑA DE LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE EN AMÉRICA LATINA

La región de América Latina y el Caribe hizo los deberes en la lucha contra el hambre. Un año antes de que se cumpliese el plazo marcado por los Objetivos del Milenio, en diciembre de 2014, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura(FAO) constataba que había logrado la meta de “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre”. Se había pasado de un 15,3% de la población –68,5 millones de personas– sin acceso a alimentos suficientes para cada día en 1990 a un 6,1% –37 millones– en el momento de la publicación. Ahora, el objetivo marcado por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es mucho más ambicioso: hambre cero y la realización del derecho a una alimentación adecuada. También España debe cumplir y tiene mucho que aprender del modelo de colaboración entre investigadores y políticos que ha funcionado al otro lado del Atlántico. Al menos, eso creen las universidades que quieren replicarlo.

Con el propósito de alcanzar la meta y con el apoyo de la FAO y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), nació en 2009 el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, una red de más de 300 legisladores de diferentes parlamentos y colores políticos. Su misión es impulsar en sus países políticas púbicas para erradicar este problema en 2025, cinco años antes de la fecha marcada en la agenda internacional (2030). Para conseguirlo, no están solos, cuentan con el apoyo del Observatorio del Derecho a la Alimentación en la región (ODA-ALC), una red de 45 universidades de 17 países que “busca potenciar y difundir actividades académicas para incentivar y generar conocimiento y reflexiones en torno al derecho a la alimentación adecuada, con el fin de lograr influir en las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional”, se especifica en su página web.

“Les necesitamos para ser eficientes en la formulación y modificación de leyes”, ha dicho Luisa María Calderón, senadora mexicana y miembro del Frente Parlamentario, en un encuentro en Madrid este miércoles con investigadores latinoamericanos y españoles. De esta colaboración entre el mundo académico y la política para erradicar el hambre han nacido más de 20 normas nacionales y regionales con tal fin. Es el caso de la Ley 622 de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural de Bolivia, aprobada en diciembre de 2014. Roberto Laura Barrón, de la facultad de Derecho de la Universidad Mayor San Andrés de aquel país e integrante de la secretaría técnica del Observatorio, ha expuesto los resultados que corroboran el éxito de la medida. “Con el apoyo a los estudiantes con menos posibilidades económicas se estimula la permanencia, con una alimentación sana, oportuna y culturalmente apropiada”. Además, el mandato de adquirir la comida a productores locales ha estimulado la economía, ha señalado. “Han bajado los niveles de abandono escolar y anemia”, ha subrayado.

Este y otros avances acercan a la región a su objetivo de erradicar esta lacra. “Hay algunos que ya lo han conseguido como Chile o Uruguay, que está a punto”, ha señalado Calderón. Muchos países, además, han incluido el derecho a la alimentación en sus constituciones nacionales, pero los progresos en su realización son desiguales, todavía muchos Estados registran altas tasas de inseguridad alimentaria (no saber si en el día que empieza, se podrá comer): en Haití, un 53,4% de su población pasa hambre; en Nicaragua, un 16,6%. En este sentido, varios participantes en la reunión han coincidido en señalar a la pobreza como causa original de la falta de acceso a comida suficiente y de calidad. Los frentes de batalla son múltiples. Ahora, se abre uno nuevo: la malnutrición, con la obesidad y el sobrepeso como principales amenazas a la salud global. Ambos son factores de riesgo de enfermedades no transmisibles (diabetes, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, entre otros) y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afectan a más de 1.900 millones de adultos en el mundo.

¿Qué puede aprender España?

Pese a los retos que todavía quedan por delante, la experiencia del Frente Parlamentario de América Latina y el Caribe y el Observatorio del Derecho a la Alimentación puede servir de ejemplo a España. Ya en 2016, una delegación de políticos latinoamericanos visitó el país para promover un Frente Parlamentario contra el Hambre en España, que debería estar conformado por representantes de todo signo político. La idea no fructificó. Sin embargo, las universidades sí han recogido el guante de sus colegas al otro lado del Atlántico.

Tres investigadores españoles acudieron al VI encuentro del Observatorio en Montevideo, capital de Uruguay, y pensaron que España necesitaba uno. “Nos gustaría entrar en contacto con los políticos para que podamos replicar las buenas relaciones que hay entre la Academia y los políticos en América Latina”, afirma Amparo Novo, directora de la cátedra de estudios de gobernanza alimentaria de la Universidad de Oviedo. Eso se hará cuando se constituya formalmente el Observatorio. De momento, tras aprender de la historia y experiencia compartida por sus colegas latinoamericanos este miércoles en la sede de la AECID en Madrid, las universidades que se han interesado en formar parte de la red redactarán el reglamento que regirá su actividad. Después, vendrán los trámites burocráticos hasta su final constitución. “La creación del Observatorio ya está encaminada. Esto no lo para nadie”, asegura Novo. 

¿Para qué? “En España hay muchos retos, pero el primero sería en que se reconociera el derecho a la alimentación”, apunta como meta Celia Fernández Aller, profesora de Derecho en la Universidad Politécnica de Madrid. En este sentido, varios países de Latinoamérica llevan ventaja. No solo a España, sino a Europa: a diferencia de la sanidad o la educación, ningún país de la UE reconoce explícitamente y por ley el derecho a la alimentación, lo que hace que la asistencia dependa de decisiones políticas o de la caridad. “Vemos que podemos trabajar para conseguir que se recoja en la Constitución”, apunta alto Novo.

Héctor Silveira, especialista en Filosofía del Derecho de la Universidad Barcelona y el tercer fundador, critica que no solo no está reconocido el derecho a alimentación, sino que tampoco se cumple y respeta en España, pese a ser un país rico. “Nosotros queremos desentrañar qué ocurre y conocer las causas de este incumplimiento”, detalla. “Hasta ahora, el problema en el país se ha evidenciado por informes publicados por organizaciones sociales como Save the Children o Cáritas, testigos de los estragos en estos años de crisis. Nuestro objetivo es generar evidencia empírica a nivel local”, abunda. Todo, para apoyar a los legisladores en la guerra que, aún sin haber creado un frente común, ineludiblemente tienen que librar contra el hambre y la malnutrición. Porque así lo manda el número dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

FUENTE: https://elpais.com/elpais/2017/06/28/planeta_futuro/1498666370_650179.html